Hemos sido testigos de un fenómeno preocupante que pone en jaque la institucionalidad de nuestro país: la aparición de vallas en la carretera de Circunvalación exigiendo la renuncia de figuras clave como el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Contralor y el Fiscal General. Este tipo de manifestaciones, aunque pueden ser interpretadas como una forma de expresión ciudadana, trascienden el ámbito de la protesta pacífica y se convierten en un ataque directo a las instituciones que sostienen nuestra democracia.
La institucionalidad es el pilar fundamental sobre el cual se construye cualquier sociedad democrática. Las instituciones no son meros entes burocráticos; son el reflejo de la voluntad popular y el marco dentro del cual se desarrollan los procesos políticos, económicos y sociales. Cuando se lanza un llamado a la renuncia de autoridades sin un debido proceso, se erosiona la confianza en estas instituciones y se crea un ambiente de incertidumbre y desconfianza que puede llevar a la desestabilización del país.
Es importante recordar que las autoridades mencionadas tienen un papel crucial en el funcionamiento del Estado. El Presidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no solo representa a un partido político, sino que es el encargado de facilitar el diálogo y la construcción de consensos en un país donde la polarización ha sido una constante. Por otro lado, la Contraloría y la Fiscalía General son instituciones que velan por la transparencia y la justicia, pilares esenciales para el desarrollo de una sociedad equitativa.
Las vallas que piden la renuncia de estas autoridades, lejos de ser un llamado legítimo a la rendición de cuentas, son un acto de falta de respeto hacia la democracia y la institucionalidad. En lugar de fomentar un debate constructivo y propositivo, se opta por la descalificación y la deslegitimación de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y administrar justicia. Este tipo de acciones pueden ser vistas como un llamado a la anarquía, donde el descontento se expresa a través de la presión pública en lugar de los canales democráticos establecidos.
Asimismo, es fundamental que quienes están detrás de estas vallas asuman la responsabilidad de sus acciones. La crítica a la gestión pública es válida y necesaria, pero debe hacerse dentro de un marco de respeto y consideración por las instituciones. La democracia se nutre del debate, la crítica constructiva y la participación activa de la ciudadanía, no de la descalificación y el desprecio.
En conclusión, la aparición de estas vallas es una manifestación de una falta de respeto a la institucionalidad de nuestro país que no podemos permitir. Es un llamado a la reflexión sobre cómo queremos construir nuestro futuro como sociedad. Debemos comprometernos a defender nuestras instituciones, a exigir rendición de cuentas de manera responsable y a participar en la construcción de un país donde el respeto y el diálogo sean la norma. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo.
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